¿MATCH POINT A LAS PLUSVALÍAS? DEVOLUCIÓN DE LAS LIQUIDACIONES FIRMES

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Aquellos de ustedes que como yo somos asiduos a las películas de Woody Allen, sabemos que el azar está presente en la vida de manera recurrente y que te puede asaltar en cualquier esquina. En ocasiones, se presenta desde lejos y se le puede ver venir. En otras, simplemente te cae desde el cielo como una maceta desde un balcón.

Algo así ha ocurrido esta semana con la tan manida plusvalía municipal. Cuando todo parecía claro y transparente, cuando los límites entre lo que se podía reclamar y lo que no eran tan claros como la frontera entre Italia y el Vaticano, el Tribunal Supremo (Sección 2ª, la de lo tributario) nos sorprende nuevamente con una sentencia que irradia sentido común y frío cerebralismo jurídico. Pero no suelten campanas al vuelo. Con toda seguridad, esta nueva jurisprudencia será modificada en las próximas semanas o meses. La experiencia es un grado y los precedentes la mejor prueba. ¿No se acuerdan de la jurisprudencia cambiante de la Sala Tercera sobre la expulsión de personas indocumentadas en los procedimientos sobre extranjería? Esto es más de lo mismo, pero con distinto nombre.

Vayamos al principio para comprender donde estamos:

El Tribunal Constitucional en su sentencia 182/2021, de 26 de octubre (BOE del 25/11/2021) declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2 a) y 107.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), por vulnerar el principio de capacidad económica en materia tributaria (artículo 31.1 CE) al establecer un único método, objetivo e imperativo, de cuantificación de toda la base imponible del tributo. Y sentaba la siguiente frase lapidaria:” no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de situaciones consolidadas (i) las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y (ii) las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada ex art. 120.3 LGT (EDL 2003/149899) a dicha fecha”.

Poco después se aprobó el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el TRLHL, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). Entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE en fecha 9 de noviembre de 2021. En sus disposiciones transitorias no se estableció indicación alguna sobre su posible efecto retroactivo por lo que solamente se podía aplicar a las transmisiones de inmuebles realizadas a partir del 10 de noviembre de 2021. Así, los efectos de la citada sentencia del Tribunal Constitucional 182/2021, de 26 de octubre, son claros e indubitados respecto de todas las liquidaciones del IIVTNU, por devengos anteriores al 10 de noviembre de 2021, e impugnadas en plazo, y ello con independencia y al margen de que entre las dos transmisiones del inmueble se haya producido un aumento o una disminución de su valor. Porque, tal y como ha concluido el Tribunal Constitucional, el sistema de determinación de la base imponible del tributo regulado en el TRLHL era en todo caso incorrecto e inconstitucional ‘ab origine’.

Sin embargo, el escollo se encontraba en la devolución de la plusvalía municipal en los casos de liquidaciones firmes, aunque fuera el resultado de haber aplicado una ley inconstitucional, al no existir un cauce de revisión de oficio en la Ley General Tributaria y haber cerrado la puerta a su revisión la jurisprudencia del Tribunal Supremo desde el año 2020. Más aun atendiendo al (pen)último criterio tan solo veintiséis días antes de la Sección 5ª del Alto Tribunal en sentencia 185/2024, de 2 de febrero, que cierra la puerta a las reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado, señalando que “no hay pérdida patrimonial indemnizable” en quien paga un impuesto declarado contrario a la Constitución.

Esto ha generado una situación de injusticia material en parte de los ciudadanos cuyas liquidaciones eran firmes y que veían con cierto recelo las situaciones creadas sin que existiera un mecanismo para la revisión de sus tributos devengados por nulidad de pleno derecho.

El giro jurisprudencial lo ha dado el Alto Tribunal a raíz de su sentencia número 339/2024 de 28 de febrero de 2024 y que viene a revisar el estado de cosas. Opta por una lectura garantista de los hechos, en una búsqueda de la realidad material y no formal. ¿Si algo es declarado inconstitucional, qué sentido tiene conservar alguno de sus efectos? El Tribunal Supremo y el ponente de esta sentencia, el gran jurista Rafael Toledano Cantero, han hecho un esfuerzo por llevar al terreno de lo entendible lo que a mi juicio era una situación que tan solo pretendía contentar a todos sin convencer a nadie.

Dice la sentencia que “todo ello nos lleva a establecer como doctrina jurisprudencial (…), que la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1 y 107.2.a) y 110.4 de la LHL, efectuada por la STC 59/2017, de 11 de mayo, traslada los efectos de nulidad de estas normas inconstitucionales a las liquidaciones tributarias firmes por Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que, con aplicación de dichas normas inconstitucionales, hubieran determinado una ficticia manifestación de capacidad económica, y sometido a gravamen transmisiones de inmuebles en las que no existió incremento del valor de los terrenos, con vulneración del principio de capacidad económica y prohibición de confiscatoriedad proclamados en el artículo 31.1 CE. Estas liquidaciones firmes pueden ser objeto de revisión de oficio a través del procedimiento previsto en el artículo 217 Ley General Tributaria (…), todo ello con los límites previstos en los artículos 164.1 CE y 40.1 LOTC, que impiden revisar los procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las normas declaradas inconstitucionales”.

Considera ahora el Tribunal Supremo que en las liquidaciones firmes por plusvalías, allí donde no ha existido ningún aumento de valor ni riqueza que pudiera ser sometida a tributación, existe una vulneración del principio de capacidad económica y de prohibición de confiscatoriedad y que la propia Constitución exige que se dejen sin efecto.

Lo que cabría preguntarse ahora es si el legislativo volverá a legislar- como ocurrió cuando se aprobó el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el TRLHL a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana- para evitar que nada cambie, o respetará el cambio jurisprudencial que en materia tributaria se viene fijando desde la Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017 de fecha 11 de mayo de 2017.

La pregunta que se suscita es ¿de qué forma se podrán abrir estos procedimientos cuyas liquidaciones quedaron firmes? Deberemos acudir a los procedimientos de revisión de oficio. Ardua labor para los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, que corren serio riesgo de saturación con la avalancha de recursos que se avecinan. La moneda, en este caso, ha tocado la red y caído del lado del ciudadano.

 

Laura Ramos Baeza

Javier Talegón Vázquez

MA Abogados

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