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No habrá subvenciones para los morosos

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Interesante artículo de opinión de Sofía Acuña y María Ramos, socia y abogada de MA Abogados, publicado en Expansión;

La Ley de Creación y Crecimiento de Empresas (Ley 18/2022), publicada el pasado 29 de septiembre, y que entrará en vigor el 19 de octubre próximo, modifica la Ley General de Subvenciones en dos puntos clave.

Primero, introduciendo en el artículo 13 (que establece los requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora) un nuevo apartado 3 bis, por el que se veta la obtención de la condición de beneficiario o entidad colaboradora, para subvenciones de importe superior a 30.000 euros, a las empresas que incumplan los plazos de pago previstos en la Ley de Lucha Contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales. O dicho llanamente: no habrá subvenciones para empresas morosas.

Hasta aquí habrá unanimidad en que se trata de una medida efectiva en orden a la consecución de los fines perseguidos. El siguiente paso resulta más espinoso

Y sentado lo anterior la cuestión se centra en la fórmula de acreditar estar al corriente de los pagos a cuyos efectos, la norma prevé que habrá de emitirse declaración responsable (ojo con la responsabilidad que ello puede acarrear, sin perjuicio de que vemos dificultades prácticas para el control por la Administración), para las sociedades que puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, o en el caso de sociedades que no puedan presentar aquel documento abreviado mediante certificación, emitida por auditor.

Además, en este último caso se precisan los criterios a seguir por el auditor: atención al plazo efectivo de los pagos de la empresa cliente, con independencia de cualquier financiación para el cobro anticipado de la empresa proveedora, con lo que la norma está impidiendo considerar pagada en plazo la deuda si el pago se anticipa por cualquier mecanismo financiero tales como pagarés con descuento o confirming.

No permitir el uso de estos instrumentos financieros como medio de pago, nos parece una medida drástica e innecesaria, toda vez que si lo que se quiere asegurar es el cumplimiento de los plazos de pagos no vemos de qué forma quedaría perjudicada la empresa o autónomo que tiene que cobrar su deuda si lo hace a través de alguno de estos mecanismos y los gastos que ello conlleve corren por cuenta del pagador.

Sin perjuicio de lo anterior se nos plantean cuestiones prácticas como, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando el impago está justificado, por ejemplo, en un incumplimiento? ¿Y a que periodo debe referirse la certificación? Estas y más cuestiones van a surgir sin duda y habrá que esperar qué interpreta el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas o los tribunales.

El segundo punto clave de la reforma es la modificación de la definición de “Gastos subvencionables” a los efectos de la Ley General de Subvenciones, añadiendo en un segundo párrafo en el apartado 2 del artículo 31 que cuando el beneficiario de la subvención sea una empresa, los gastos subvencionables en los que haya incurrido en sus operaciones comerciales deberán haber sido abonados en plazo de forma que en otro caso no se considerará gasto subvencionable. Obviamente el incumplimiento puede determinar la pérdida del derecho a la subvención.

En definitiva, aunque efectivamente una mayor protección general de proveedores y subcontratistas frente a impagos, pero sin duda también elementos negativos, pues se añade mayor complejidad (si cabe) al ya de por sí intrincado procedimiento de tramitación y cobro de subvenciones.

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